18.11.08

El Lobby

RAÚL TORRES

A unos días de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emita lo que promete ser una contundente recomendación (con al menos 100 puntos álgidos) a las autoridades estatales por el nivel de contaminación del río Santiago, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demuestra nuevamente que los temas ambientales no le interesan y que prefiere no meterse en camisa de once varas con los proyectos gubernamentales que implican razones de pesos.

Mediante un documento de 16 cuartillas emitido por la Segunda Visitaduría, la CNDH, de la misma forma que hizo con el caso de la anciana indígena violada por militares en el municipio veracruzano de Soledad Atzompa, se lavó las manos e indicó que la contaminación del río Santiago no implica violación a los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente limpio.

A la distancia, parece que lo que observó el personal de la CNDH cuando el pasado 5 de mayo visitó la zona de Juanacatlán y El Salto para hacer investigación de campo por la muerte del niño Miguel Angel López Rocha no fue suficiente.

La supuesta investigación de la CNDH incluyó los testimonios de algunos vecinos de La Azucena (ese fraccionamiento perversamente colocado bajo el nivel del canal que alimenta de materia fecal y un coctel de químicos al Santiago), pero la información oficial pudo más.

Y entre la información oficial que posteriormente se entregó a la CNDH iban los resultados que el gobierno del estado hizo a las aguas del río en plena temporada de lluvias, cuando el trabajo natural del cauce hace que los niveles de los metales y sustancias venenosas se reduzcan por el flujo constante de agua. Todo así dentro de la norma. Con datos reales también se puede mentir, cosa de conocer las mañas.

Se supone que la Comisión está facultada para investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos a través del análisis de documentos o con los datos que ella misma obtenga en el lugar de los hechos; sin embargo, por lo que ahora notifica es evidente que se ciñó a los documentos que menos indicios de daño a los ciudadanos reportaban. No está claro si después del 5 de mayo volvieron a recabar datos a Juanacatlán, El Salto o Puente Grande; no se sabe si también preguntaron por los nombres de cuatro personas que murieron el 7 de junio de 2007 tras entrar en contacto con agua del Santiago a causa de una inundación en La Huizachera. Tampoco se sabe si la CNDH conoce algunos de los datos presentados ayer por los asistentes a la integración del expediente de hechos que elabora la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, como el que señala que sólo cinco empresas porcícolas ubicadas en la cuenca del Santiago consumen anualmente la demanda de oxígeno de 200 mil personas (en El Salto, habitan 120 mil) o que matemáticamente es más posible que a una persona le caiga un rayo que a una empresa de las que vierte sus residuos al río le caiga un inspector de la CNA.

La resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos complica el panorama para lo que prepara la CEDHJ; sin embargo, si la recomendación del organismo local es contundente puede sentar un precedente importante y quitar el mal sabor de boca que en septiembre de 2007 dejó la recomendación 7/2007 hecha sobre la posible construcción de la presa de Arcediano.

Lamentablemente, lo que la CEDHJ resuelva no podrá ser aplicable a las autoridades federales, involucradas directas en el tema, y es posible que el gobierno del estado resuelva hacer lo que con ellimosnazo: caso omiso a recomendaciones que al no ser vinculantes le representan –si es que– un enfado.

Mientras, hoy se reúne en Chapala la plana mayor del Consejo de la cuenca Lerma-Chapala para sesionar sobre como se puede perfeccionar ese organismo. Estarán presentes, además de José Luis Luege Tamargo (titular de la Comisión Nacional del Agua), los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, estado de México, Michoacán y Jalisco. Es posible que entre rimbombantes anuncios ahí se dé a conocer cuál de las ocho propuestas presentadas para construir la planta de tratamiento del Ahogado es la ganadora, o que se vuelva a hacer la desafortunada declaración de que –sin la consulta pública prometida por Emilio González– la presa El Zapotillo se hará de tal forma que su embalse inunde los pueblos de Temacapulín, Acasiaco y Palmarejo.

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