Por Verónica Díaz Favela - IPS/IFEJ
Dos mundos unen fuerzas en México: la academia y la gente común, que soporta problemas ambientales.
MÉXICO, 15 jun (Tierramérica).- La mexicana Graciela González atiende llamadas, organiza reuniones y da entrevistas como parte de sus labores para rescatar del desastre ecológico a un río. A miles de kilómetros de distancia, el campesino Gonzalo Rodríguez ayuda a tomar muestras del aire en una región contaminada por las petroquímicas.
Ninguno tenía en sus planes convertirse en defensor del ambiente. González se ocupa de las tareas de su casa y dejó su empleo como docente para dedicarse a la causa en el estado occidental de Jalisco. Rodríguez cría ganado en Veracruz, en el sur mexicano.
Como ellos, cada vez más ciudadanos han comenzado a alternar sus ocupaciones con la búsqueda de soluciones a la depredación del entorno en sus comunidades.
El año pasado, un centenar de grupos ciudadanos formaron la Asamblea de Afectados Ambientales (AAA), presente en 12 de los 32 estados de este país de más de 107 millones de habitantes.
Ya se han reunido en cuatro ocasiones para compartir experiencias y planear estrategias conjuntas para llamar la atención sobre sus casos.
En 2006, académicos e investigadores de todo México, disconformes con la política científica nacional de los últimos 30 años, fundaron la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), hoy con unos 400 miembros activos en áreas como biología, física, matemáticas, economía, sociología, antropología, ciencia política y derecho.
Ahora, esos dos mundos han unido fuerzas.
La UCCS, con sede en el distrito federal, creó el Observatorio Socio-ambiental con el fin de “documentar los casos de deterioro ambiental más graves en México”, explica uno de sus miembros, el economista Rolando Espinoza.
Su principal fuente de información para trazar ese mapa de problemas socio-ambientales es la AAA. Ha registrado ya 150 casos, la mayoría relacionados con “actividades mineras y petroleras, proyectos hidroeléctricos, desarrollo de infraestructura carretera, instalación de rellenos sanitarios, disposición de residuos y demás”, sostiene Espinoza.
Los más comunes tienen que ver con el agua. Por ejemplo, el río Santiago, situado en el municipio de El Salto, Jalisco. Allí vive González. “Primero notamos que cada vez teníamos que ir más lejos para pescar y para recolectar frutos”, relata.
“Luego nos dimos cuenta de la enfermedad y la muerte. No encontrábamos el origen de los casos de cáncer, insuficiencia renal, dermatitis, vías respiratorias dañadas y abortos”, cuenta la fundadora de la asociación civil “Un salto de vida”.
En los años 70 se radicaron allí industrias metalmecánicas, farmacéuticas, alimentarias, maquilas, de la construcción, petroquímicas y de solventes, casi 200 empresas que lanzan descargas contaminantes a lo que antes sus habitantes llamaban “el paraíso”. Hoy se caracteriza por el aire con olor a huevo podrido.
Desde hace un par de años, los activistas buscan el saneamiento de seis kilómetros de la red hídrica, cuya contaminación afecta la salud de 150.000 personas que habitan El Salto.
Cuando comenzaron a manifestar su molestia, las autoridades estaduales reaccionaron desestimando sus argumentos.
“Nos decían: ‘Demuéstrame que lo que estás diciendo tiene relación con la contaminación, que tienes cáncer porque hay descargas’”, recuerda González.
Según el economista Espinoza, ésa es la respuesta característica de las autoridades.
En el sureño estado de Puebla, asegura, se llegó al absurdo de solicitar un estudio de velocidad y dirección de los vientos a los vecinos de una colonia afectada por una empresa que reciclaba radiografías y liberaba humos tóxicos.
“Los ciudadanos necesitan información, que alguien de una institución pública, educativa, científica, un laboratorio, algún sabio local los apoye y los asesore en organizar la información y volverla significativa”, describe Espinoza.
Por eso “invitamos a la red de investigadores de la UCCS a que generen o compartan investigaciones para dar soporte científico a los argumentos en defensa del ambiente y de la salud”, agrega.
La colaboración de la UCCS y la AAA es la más prolífica, pero abundan casos de ayuda entre investigadores y ciudadanos.
Los defensores del río Santiago ya colaboran con investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con sede en la capital de Jalisco, Guadalajara. Planifican divulgar el caso en medios de comunicación internacionales y hacer un monitoreo ambiental de la zona.
Mientras tanto, alumnos de la Universidad de Guadalajara “hacen estudios de agua y biopsias en los animales que nos estamos comiendo y de los pastos con que se está alimentando este ganado”, explica González.
En Coatzacoalcos, Veracruz, la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco (Apetac) recibió asesoría de la organización sin fines de lucro Global Community Monitor, con sede en Estados Unidos. Ésta enseñó a los productores a tomar muestras de aire que luego son enviadas y analizadas en un laboratorio de ese país.
En esa zona, describe Rodríguez, hay 500 pozos petroleros, cuatro complejos petroquímicos, 30 empresas de otros rubros y una refinería. ¿El resultado? Estacionalmente aparece una nube tóxica que respiran los habitantes de 45 comunidades.
Los primeros hallazgos de los análisis indican altos índices de benceno y tolueno, dos sustancias cancerígenas.
“También se analizaron los huevos de gallina de traspatio y se encontró en ellos una sustancia dañina llamada dioxina", un subproducto muy tóxico de procesos industriales, dice Rodríguez.
Apetac, con 13 años de vida, ya ha cosechado resultados. “En 1997 fuimos los primeros en el país en ganar una denuncia por daño ambiental a (la empresa estatal) Petróleos Mexicanos”, por los constantes derrames de crudo.
"Antes eran muy comunes y no se hacía nada, se les echaba tierra y cal, y listo”, recuerda.
Estas luchas afectan intereses. Según la UCCS, ésa es la razón por la que suelen reprimirse.
Eso ocurrió a los habitantes de la empobrecida colonia El Tigre II, en el municipio de Zapopan, en Jalisco, vecinos del bosque El Nixticuil, unas 1.800 hectáreas de robles y pinos amenazados por planes de fraccionamientos inmobiliarios de lujo.
Una madrugada de mayo de 2005, autoridades municipales enviaron al bosque maquinaria y trabajadores que derribaron 400 árboles. Cuando las mujeres de la colonia lograron detener la tala, empezaron los problemas.
“Teníamos policías vestidos de civil acosando afuera de nuestras casas, y todavía hay letreros que dicen que se consignará al que se oponga a las obras”, cuenta Sofía Herrera, estudiante de psicología.
Herrera es parte del Comité Salvabosque El Tigre II, conformado por unas 10 familias. Su mayor logro fue conseguir que 1.500 hectáreas fueran declaradas área natural protegida, si bien la presión sobre el bosque no ha cesado.
El comité, integrante de la AAA, también ha tomado en sus manos el cuidado del bosque. “Tenemos una brigada que recoge y siembra bellotas, reforesta, hace 'cajetes' (pequeños surcos en torno a los árboles para conservar la humedad del suelo), aplica fungicidas y combate los incendios", describe Herrera.
Para alguna de estas labores, el comité recibe asesoría de miembros de la Universidad de Guadalajara.
Si todo marcha como la UCCS prevé, en un par de años se conformará un tribunal científico “de carácter ético, que juzgue a las autoridades por cada uno de los casos, con base en la información técnica y científica recabada, algo parecido al Tribunal Latinoamericano del Agua”, adelanta Espinoza.
Mientras tanto, la estrategia de la AAA es mantener unidos a sus grupos para llamar la atención pública. Las expectativas se centran en conseguir difusión para la siguiente reunión de la Asamblea de Afectados Ambientes.
Su fecha aún no se ha definido, pero sí el lugar: el Valle del Perote, en Veracruz, una zona muy contaminada que se hizo famosa en los últimos meses por ser sede de granjas porcinas donde pudo originarse el virus de la gripe A/H1N1.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
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