Denuncian al Estado mexicano por el deterioro de ecosistemas
MÉXICO, D.F. (apro).- La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) denunció al Estado mexicano por el deterioro general de los ecosistemas que ha experimentado el país en los últimos años.La denuncia, formulada durante la sexta audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), efectuada en Argentina, involucra a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Salud.
La ANAA en México agrupa a 57 organizaciones y alrededor de 200 agrupaciones locales, inconformes con los proyectos que dañan sus recursos y ecosistemas hídricos, como la minería a cielo abierto, las centrales hidroeléctricas, la expansión urbanística o los corredores agro-industriales, entre otros.
En la Audiencia pública del TLA, Raúl García Barrios, portavoz de la ANAA, denunció que “las políticas neoliberales han puesto en grave riesgo a todas y a todos los habitantes de México, además de saquear los territorios de pueblos indígenas y campesinos”.
García Barrios presentó un estudio detallado donde se señala, entre otras cosas, el incremento exponencial de la sobreexplotación de acuíferos, la disminución de la disponibilidad media de agua por habitante en México, la falta de un tratamiento sistemático de las aguas residuales e industriales y la contaminación de 21 de las 728 cuencas hidrológicas del país.
El documento de ANAA hace hincapié en “la proliferación de 24 mil concesiones mineras en los últimos 10 años, con permisos para la explotación de aguas preferentes; la especulación urbanística vinculada a los grandes capitales financieros; las políticas agropecuarias que privilegian el mercado de agroquímicos y el monocultivo; la vulneración de los derechos de derecho a la consulta previa, o las políticas asistencialistas que destruyen el tejido social”.
Por esas razones, los demandantes solicitaron al TLA “que condene al Estado mexicano por la situación del agua en México, elevando esta condena a las Naciones Unidas; que recomiende la realización de una Auditoría integral, y que inste a las autoridades correspondientes a que defiendan las leyes, establezcan compromisos de restauración hídrica, reformen el sistema de procuración de justicia ambiental y eliminen las restricciones al acceso a la información que presuntamente la impone Conagua”.
Asimismo, dieron a conocer que la Profepa ha argumentado que el TLA no posee coacción legítima para requerir la presencia de las autoridades gubernamentales de los Estados Nación, debido a que, según esa dependencia, “no cuenta con atribuciones en materia de agua y sistemas hídricos, por lo que el procurador federal de protección al ambiente jurídicamente se encuentra imposibilitado para la intervención en el caso en referencia, así como para exponer argumentos científico-técnicos, jurídicos, económicos o políticos” en respuesta a la demanda.
El próximo viernes 9, el Jurado del TLA –integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, magistrado del Ministerio Público y procurador de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; Silvia Nonna, experta y asesora de la nación Argentina en materia legal medioambiental, y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense– resolverá el caso y emitirá su veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública.
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